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Luego del terremoto que afectó a la Región de Tarapacá el pasado 13 de junio, no sólo la condición de seguridad de los habitantes de las localidades sacudidas por el sismo fue preocupación central de parte de las autoridades nacionales y regionales, sino también la situación de cientos de trabajadores, demandó la adopción de medidas específicas por parte de la Dirección del Trabajo.

Como parte de la coordinación entre los distintos organismos del Gobierno de Chile, la Dirección del Trabajo a través de la Inspección Provincial de Iquique y la Inspección Comunal de Pozo Almonte fiscalizó, entre el 24 y 28 de junio, a un total de 40 empresas de Pozo Almonte, con la finalidad de verificar que las actividades desarrolladas en las mismas no implicaran riesgos en las condiciones de higiene y seguridad de sus trabajadores. Los fiscalizadores de ambas inspecciones procedieron a instruir a los empleadores en la adopción de medidas concretas para precaver la condición de sus dependientes.

Para Oscar Cereceda, jefe de la Unidad de Fiscalización de la Inspección del Trabajo de Iquique, el resultado de la fiscalización fue "satisfactorio, toda vez que esta iniciativa permitió responder a las necesidades de la comunidad y, por otro lado, reunir antecedentes para constatar la realidad laboral de Pozo Almonte, en el sentido de generar futuros programas de fiscalización que den cuenta de las particularidades laborales que allí se expresan".