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Un total de 8.852.556 pesos en multas deberán pagar los responsables de mantener en ilegales y deplorables condiciones laborales y de salud y seguridad a 19 campesinos peruanos y una chilena que trabajaban en la cosecha de frutillas en la Provincia de San Antonio.

La irregular situación quedó al descubierto el martes 22 de noviembre a raíz de una denuncia anónima que movilizó a la PDI y al Ministerio Público y que, debido a sus aristas laborales, motivó también una fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo de esa ciudad.

Ambos grupos de campesinos carecían de contrato de trabajo escriturado y pese a haber cumplido un mes y medio recolectando frutillas, ninguno de ellos pudo demostrar documentalmente que había recibido alguna remuneración. Además, los recolectores peruanos provenientes de la zona de Puno sólo contaban con visa de turista.

Las sanciones de 228 UTM no han sido notificadas todavía debido a que los representantes legales de ambas explotaciones agrarias no están en la zona, pero se espera poder hacerlo dentro de los próximos días.

El primer predio, ubicado en la zona de San Juan, pertenece a Claudio Armijo Santibáñez, y sus faenas están suspendidas debido a las malas condiciones de salud y seguridad existentes.

Allí laboraban siete peruanos y la Inspección Provincial aplicó multas por $1.630.734 (42 UTM) debido que no había contratos escriturados ni registros de control de asistencia. Tampoco se contaba con baños ni dormitorios en buenas condiciones higiénicas.

El segundo fundo, situado en la zona de Leyda, es explotado por la Sociedad Comercial Armifrigo Limitada, cuyo representante legal es Claudio Armijo Carrasco, familiar de Armijo Santibáñez.

En este caso tampoco había contratos escriturados, controles de asistencia ni baños higiénicos. A todo ello se sumó el no contar con agua potable con resolución sanitaria ni con un comedor legalmente habilitado. El monto de la multa aplicada fue de $7.221.822 (186 UTM).

A partir de la notificación, los empleadores pueden aceptar el castigo o rechazarlo. En este segundo escenario, disponen de 30 días para presentar una reclamación administrativa ante la propia DT y de 15 días si optan por un reclamo ante los tribunales del trabajo.

La detección de este caso movilizó a la zona el martes 22 a la Directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, y a la Ministra Evelyn Matthei. Ambas autoridades consideraron como "inhumanas" las condiciones en que trabajaban y vivían los campesinos peruanos.

Simultáneamente con las autoridades del Trabajo, ese martes se constituyó en la zona personal de la Fiscalía de San Antonio, la que abrió una investigación por infracción a la Ley 20.507 que tipifica los delitos de tráfico internacional de inmigrantes y trata de personas para explotarlas laboralmente.