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María Eugenia Meza B., Periodista

Contexto Histórico: Del Decreto Amunátegui a los Planes de Igualdad

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Contexto histórico de la cotidianeidad

Cuando en 1927 la población santiaguina asistió entusiasmada a la Exposición Femenina en los pabellones y edificios de la Quinta Normal, ya la diversificación de las actividades de las mujeres en el mundo público era amplia: había desde artistas de la pluma y el pincel, hasta profesionales médicas, abogadas e, incluso una ingeniera, pasando por profesoras normalistas y obreras de la aguja y el hilo (Actividades Femeninas en Chile, Imprenta La Ilustración, Santiago, 1927).

Actualmente, una exposición así sería impensable por la vastedad de los campos en que las mujeres se desempeñan.

Sin embargo, la novedad de lo celebrado en 1927 no era que ellas trabajaran.

Lo habían hecho desde siempre: en la Colonia habían sido capaces de ser el motor de la vida cotidiana en casas y ciudades; de arar el campo y de mantener a los animales... pero en la silenciosa escena de lo privado.

El primer paso hacia la calle lo dieron cuando, apenas en 1813, fue promulgado el Reglamento para Maestros de Primeras Letras, que puede considerarse la primera ley de instrucción primaria en Chile, el que obligaba a establecer "en cada villa o aldea de 50 familias una escuela de mujeres donde se enseñe a las jóvenes a leer y escribir y aquellas costumbres y ejercicios análogos a su sexo". El mismo documento daba a las mujeres igualdad con los hombres en las labores de docencia, pero no fue hasta 1854 que el Estado abrió la primera Escuela Normal de Preceptoras (Actividades Femeninas en Chile, Imprenta La Ilustración, Santiago, 1927).

En esa misma época -mediados del siglo XIX- ya las mujeres trabajan remuneradamente, y en número que aumenta año tras año, en cocinería, costura, labores de "gañanaje", lavandería, como nodrizas o en la servidumbre (Peones, labradores y proletarios, Gabriel Salazar, SUR, Santiago, 1985).

En 1860, al ser dictada la Ley Orgánica de Instrucción Primaria, el Estado comienza a garantizar instrucción gratuita y extensiva para personas de ambos sexos. Cuatro años después, había 201 escuelas elementales para niñas y apenas cinco superiores. En 1881 comienzan a existir los establecimientos mixtos, hecho que demuestra el interés de las autoridades por la educación femenina (Actividades Femeninas en Chile, Imprenta La Ilustración, Santiago, 1927).

Pero no sería hasta 1877, con el llamado Decreto Amunátegui, que las chilenas consiguieron su primer salto: el decreto permitió que dieran exámenes para obtener títulos profesionales. Los argumentos que contiene el decreto son simbólicos y orientan sobre el avance que, al menos en materias de educación, ratificaba el Estado para las mujeres: "Considerando que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos, a que ellas pueden ejercer con ventaja algunas de las profesiones denominadas científicas y que importa facilitarles los medios de subsistencia para sí mismas".

Ellas no dejaron pasar el tiempo para responder a este decreto que, a su vez, era la respuesta a muchas presiones venidas de las educadoras de enseñanza superior. Apenas a siete años de firmado el decreto, se titula la primera dentista, Paulina Starr, en 1884; las primeras médicas, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, ambas en 1887; y luego vieron las abogadas Matilde Troup (1892) y Matilde Brandau (1898); las farmacéuticas con Gricelda Hinojosa a la cabeza, titulada en 1899. Y, en 1922, Amanda Labarca, que fue la primera mujer en desempeñar una cátedra universitaria, recibió su titulo de profesora extraordinaria de Psicología, en el Instituto Pedagógico.

Para 1927, fecha en que la citada Exposición Femenina fue parte de las celebraciones de los 50 años del crucial decreto, las profesionales ya eran muchas: 476 farmacéuticas, 115 dentistas, 18 abogadas, una agrónoma -Victoria Tagle- y una ingeniera: Justicia Espada, titulada en 1919.

Y el flujo de su entrada al mundo profesional no ha dejado de aumentar.

Paralelamente, a fines del siglo XIX comienza a desarrollarse la industria en el país. Y las mujeres entran a ella, sobre todo a la del vestuario y la confección, los alimentos, el cuero, las bebidas y el tabaco. La administración pública también crece y, con ella, el número de mujeres trabajadoras también; por eso, en la mencionada exposición del 27 mostraron sus quehaceres las funcionarias del Registro Civil y las de Correos de Chile, entre otras.

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Pasos rápidos, pasos lentos

Detenerse tanto -en este breve recuento- en los comienzos de la educación chilena es justificado: porque mientras -por un lado- se reconocía a las mujeres sus capacidades académicas y laborales, por otro, se les negaba el acceso a los derechos civiles.

Y no porque las mujeres descartaran la idea de ser parte activa de la vida y el pensamiento nacionales. Desde fines del siglo XIX -y sobre todo en las primeras décadas del XX- ellas estaban organizadas en diversos grupos participativos. Había clubes de lectura, de señoras, asociaciones, sindicatos, uniones. Formaban parte de algunos partidos políticos e incluso eran dueñas y destinatarias de un pujante periodismo femenino que, a diferencia del modelo impuesto en el siglo XX por revistas como "Margarita" o "Eva" -donde lo central era la aceptación del rol y los artículos de "familia" o de misceláneas-, trataba temas en profundidad sobre la condición de la mujer, en publicaciones como "La Alborada", "La Palanca", "Evolución", "Acción Femenina" o "La Nueva Mujer".

Fue recién en 1949 que las mujeres chilenas consiguieron el derecho a voto universal. Lo que quiere decir que cuando Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de manos del Rey de Suecia... no estaba habilitada como ciudadana de su país natal.

La historia de esta conquista es larga y no exenta de anécdotas curiosas

En 1875, un grupo de ocho señoras de La Serena se dio cuenta de que las constituciones políticas del 28 y del 33 no decían de modo expreso que las mujeres estaban impedidas de votar. Así es que decidieron ir a inscribirse al Registro Electoral. A los funcionarios no les quedó otra que acceder a su pedido, al demostrarles que su intención no era ilegal.

Poco después, en San Felipe, otro grupo da el mismo paso. Por eso en Santiago los políticos, alterados, consultaron el tema al ministro Ignacio Zenteno. Y él ratificó el derecho de las mujeres arguyendo que, según él entendía, no sólo podían sino que debían votar, porque así se los permitían la Constitución y la ley de 1874. Así es que, amparadas en esas declaraciones, un año después, otro grupo de La Serena se inscribió, decididas a votar por Benjamín Vicuña Mackenna; pero no logran llegar a concretar su idea de llegar a las urnas.

Sin embargo la fiesta electoral femenina no duró demasiado: en 1884, el Congreso aprobó una reforma por la vía de la ley de elecciones, donde puede leerse que las mujeres tienen prohibido el voto junto con "los dementes, sirvientes domésticos, procesados por crimen o delito que merezca pena aflictiva y los condenados por quiebra fraudulenta".

Así, y tras larga y organizada lucha, en 1931 consiguen una ciudadanía a medias, cuando la ley les permite votar en las elecciones municipales. Y, en enero de 1949, en un solemne acto en el Teatro Municipal, el Presidente Gabriel González Videla firmó la ley que les dio ciudadanía completa. Es decir, derecho a elegir y ser elegidas.

Así comienza su participación política más de fondo. En 1951 Inés Henríquez llegó a ser la primera diputada y, en 1953, María de la Cruz, líder del Partido Femenino Chileno, consigue que una mujer se siente con todas las de la ley en el Senado. Hoy, cuando las mujeres chilenas alcanzan casi al 52 por ciento de la población inscrita en los registros electorales, su presencia en el Parlamento no dice relación con esta cifra: las diputadas son trece y las senadoras... apenas dos. Es decir, el cambio en más de medio siglo no ha sido muy rápido, aunque ha habido mejores momentos de representación femenina. Mucho se ha discutido en los últimos años el concepto de "discriminación positiva", e incluso se ha hablado de cuotas obligatorias de inscripción de candidatas, pero nada ha sido concretado.

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Años hacia afuera, años hacia dentro

Mientras hasta 1949, la participación femenina organizada fue en aumento, curiosamente pocos años después de conseguido el derecho a voto comienza otra etapa, menos activa.

Durante el gobierno de González Videla, es creada la Asociación de Dueñas de Casa, antecedente de los Centros de Madres y que, pese a apuntar a la mujer en sus roles de madre y esposa, acentuaba la idea de la participación política. Pero, esta idea de llevar a la mujer de vuelta al hogar se va afianzando en la sociedad chilena y hay que esperar hasta 1969 -cuando ya han cambiado los vientos- para encontrar una nueva ley que amplía sus horizontes y valida su integración al mundo público. Es la Ley de Jardines Infantiles que, pese a parecer relacionada al mundo familiar, junto con aquellas que le otorgan el beneficio del fuero maternal y el de los períodos pre y post natales, significa un intento del Estado para hacerse cargo de situaciones que permitan a las mujeres trabajar más tranquilas.

El espíritu de los 60, que en Chile es más bien tardío manifestándose en los últimos años de la década, aumenta el número de mujeres en las universidades, amplía el espectro de las carreras escogidas y trae consigo el concepto de la "liberación de la mujer", el que incluye -además sus derechos laborales y civiles-, aquel relativo a su cuerpo y a la procreación. Es el cambio surgido a propósito de la llegada al mundo de "la píldora" que modifica esquemas morales y familiares. En los primeros años 70 se ponen en marcha políticas de control de la natalidad, pero en términos de participación política, aquellos años ven subsumirse al movimiento de mujeres en las luchas sociales generales, cada vez más agudas. Las mujeres se atomizan, salvo aquellas pobladoras que fueron el centro de las políticas de promoción popular surgidas a partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva. En 1964 es creada Cema (Central Relacionadora de Centros de Madres) y en 1968 la ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias dio cuerpo jurídico a dichos centros. La idea era que las mujeres utilizaran sus habilidades "naturales" para crear productos que podrían ser vendidos a través de la organización y así poder incrementar los ingresos familiares. Si bien la idea era participativa, había un intento de sancionar positivamente la labor de las mujeres, incluso la económica, como algo ligado al hogar. Durante el gobierno de Frei Montalva, también, fue creada la Oficina Nacional de la Mujer, primer ente estatal que se hace cargo del tema centralizadamente.

A pesar de todos los avances, las llamadas "40 medidas del Gobierno Popular" de Salvador Allende, estaban embebidas de una visión de las mujeres en su condición -mayoritaria por entonces- de dueña de casa. Las iniciativas de la época tendieron a velar por la familia, las necesidades de salud y alimentación de los/as hijos/as, pero no la concibieron como un ser independiente, pese a asegurarle sus derechos al trabajo y a la participación. Durante los tres años de la Unidad Popular, miles de centros de madres recibieron personería jurìdica. El Cema pasó a ser Cocema (Coordinadora de Centros de Madres) y la Oficina Nacional de la Mujer, Secretaría Nacional de la Mujer, la que organizó debates sobre los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, tales como a ley de divorcio, filiación única, servicio social obligatorio y Ministerio de la Familia. Este último había sido aprobado en general por el Congreso antes del 11 de septiembre de 1973.

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Tiempos difíciles, tiempos de avance y de espera

La instalación violenta del gobierno militar no sólo desbarató los movimientos políticos sino también cambió el sentido de las organizaciones sociales. Por medio de un decreto ley fue legalizado el desmantelamiento de las directivas de las organizaciones que fueran sindicadas como opositoras y los centros de madres forzados a una actividad permanentemente intervenida. La Secretaría Nacional de la Mujer cambió sus estatutos y se dedicó durante toda su existencia a ratificar el rol familiar de las mujeres.

Pese a estas restricciones y, sobre todo después de la crisis económica de 1982, las mujeres entran con fuerza en el mercado laboral, incluso pese a la suspensión de las leyes que la favorecen. La misma crisis económico-política llevó a las mujeres a organizarse. Fueron las primeras en salir a la calle a exigir el regreso de la democracia y, durante la década de los 80, las organizaciones femeninas asumen un carácter radicalmente nuevo: unen su presencia en los espacios públicos y los privados al pedir "Democracia en el país y en la casa". El eslogan, que aparece por primera vez en Chile, se transformará en el de todas las latinoamericanas en lucha por sus derechos.

En 1988, el entonces llamado Movimiento Feminista publica el documento "Demandas de las Mujeres a la Democracia", base de muchas de las políticas públicas posteriores.

A más de diez años de terminado el gobierno militar, y con muchos pasos dados adelante, la opinión pública femenina está más consciente de aquello que falta por avanzar que hace décadas. Las encuestas y los estudios muestran que la mayoría de ellas siente que existe desigualdad de género sobre todo en los ámbitos laboral -debido a las barreras para entrar al mercado del trabajo, a la discriminación en la promoción y los sueldos-; familiar -por las ventajas consuetudinarias de los hombres y impacto de la doble jornada de trabajo en la salud de la mujer, entre otros-, y en el de participación social. La percepción en cuanto al mundo educativo es diferente: la población no percibe desigualdades en el acceso ni en las prácticas.

Aunque estas situaciones de discriminación sin duda existen, el avance en estos años ha sido sostenido. El Estado a través de instituciones como Prodemu, Sernam y Fundación de la Familia ha impulsado reformas legislativas de gran importancia, entre otras, la ley que elimina la prohibición que las mujeres teníamos de realizar trabajos pesados; la ley que castiga la Violencia Intrafamiliar, la que modificó el Código Civil en materia de filiación eliminando las absurdas diferencias en los "tipos" de hijos e hijas; la ley de régimen de participación en los gananciales, la que prohibe el test de embarazo como exigencia para ser contratada, y la reforma constitucional a los artículos 1 y 19, número 2 que, por primera vez en la historia constitucional del país visibiliza a las mujeres como sujetos de ciudadanía. Y los dos sucesivos Planes de Igualdad de Oportunidades han generado y generan interesantes instrumentos para conseguir sus objetivos.

Que en menos de un siglo se ha avanzado en igualdad de oportunidades a tranco largo, así es. Pero también es verdad que falta mucho camino por recorrer y tela por cortar.

Un solo último dato: según el INE, la diferencia de los ingresos medios mensuales de mujeres y hombres -aunque existe una leve baja en los último años- sigue siendo alta: en promedio, las mujeres obtienen un ingreso que corresponde a algo más del 60% de aquel de los hombres.