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Uno de los fenómenos más característicos del último decenio del siglo XX es el de la globalización, que ha significado una creciente integración de la economía mundial, con sus respectivas oportunidades y amenazas.

A las evidentes ventajas que para el crecimiento y desarrollo de los países representa las posibilidades de acceder a nuevos mercados para sus productos, potenciando las economías y el empleo, debe sumárseles el riesgo inherente de que las crisis económicas, en países o regiones, tiendan también a globalizarse, provocando impacto allí donde los mercados se encuentran interrelacionados, produciendo en oportunidades efectos a escala mundial.

La crisis económica por la que atraviesa la subregión AsiaPacífico, si bien no se ha instalado en nuestro país, constituye una amenaza evidente para parte de su economía, poniendo en peligro numerosas fuentes de trabajo, en los sectores que pudieran verse más afectados por la disminución en la adquisición de nuestros productos, por parte de los países que la integran.

Este fenómeno, que esperamos sea pasajero, debe ponernos en alerta, pues es posible que este tipo de crisis sea parte habitual del paisaje económico y social venidero. Así las cosas, surge la evidente necesidad de contar con los mecanismos que impidan o morigeren los efectos sociales en el empleo de este tipo de situaciones.

En este contexto, aparecen como relevantes los esfuerzos que se están haciendo en capacitación, principalmente, aquellos destinados a reconvertir laboralmente a los trabajadores de sectores vulnerables.

No menos importante que lo anterior, es avanzar en constituir un sistema que permita proteger al trabajador en momentos de cesantía. Actualmente se encuentra en el Congreso Nacional para su discusión el PROTRAC, sistema de protección al trabajador cesante, que si bien es cierto, no ha sido concebido para enfrentar crisis, sino que para proveer a los trabajadores de un instrumento que les permita enfrentar dignamente períodos de desempleo, resulta indudable su valor, a la luz de este tipo de acontecimientos.

Por último, resulta innegable, que las empresas para enfrentar adecuadamente estos períodos en que su actividad se contrae, deben contar con instrumentos que les permitan adaptarse a tales contingencias, tanto en sus estructuras productivas como en sus costos, sin vulnerar las condiciones de sus trabajadores, y para ello, no hay mejor instrumento que la negociación colectiva. Por lo que también, resulta indispensable extenderla a la mayor cantidad de sectores posibles, como pretende otro proyecto de ley aún pendiente en el Congreso.

Avanzando en estas líneas, es posible enfrentar el futuro con mayor tranquilidad.