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"Durante 2012 aumentamos las fiscalizaciones y los montos de las multas"

María Cecilia Sánchez dijo que la meta para 2013 "es llegar a las empresas que nunca hemos fiscalizado", resaltando que en este año se aumentó en el 62% la inspección a este sector.

21/12/2012

Más fiscalizaciones y multas aplicó la Dirección del Trabajo (DT) durante este año respecto de 2011, informó su directora nacional, María Cecilia Sánchez, al exponer esta mañana en la "Cuenta Pública Participativa" la modernización de este servicio clave para promover las buenas relaciones laborales en el país.

Entre ambos años las fiscalizaciones crecieron de casi 104 mil a 106 mil, mientras que el monto de las multas aplicadas se elevó de $33.760 millones a $44.457 millones.

Aunque se mostró satisfecha con estos logros, para el próximo año la directora del Trabajo se planteó como objetivo "llegar a las empresas que nunca hemos fiscalizado para comprobar si en ellas se cumple o no con la normativa laboral", añadiendo que, sobre todo, "queremos llegar a esas empresas sin sindicatos y donde a veces los trabajadores no se atreven a hacer denuncias".

Este nuevo desafío se sustenta en que durante este año la DT aumentó en el 62% la fiscalización de empresas que nunca habían sido inspeccionadas.

La capacidad inspectiva ha crecido, entre otras razones, gracias a un aumento del 35% de la dotación de fiscalizadores de terreno, pasando de 385 en 2010 a 521 este año.

Junto con ello, la DT decidió en noviembre de 2011 agravar a los empleadores el costo del incumplimiento. Como por ahora no es posible cambiar los montos fijados por ley, el organismo decidió endurecer las sanciones dentro de los actuales rangos legales.

Así, eliminó las atenuantes, aplicó los topes máximos permitidos y redujo la cantidad de multas menos graves y graves, subiendo en cambio las gravísimas de 130 a 381.

A pesar del mayor monto en multas, María Cecilia Sánchez se declaró partidaria de hacer más costosa aún la infraccionalidad a través de cambios legales que eleven los rangos vigentes. Recordó que esa opinión es compartida por la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, la que encargó un estudio para el eventual envío de un proyecto de ley.

Otra estrategia para reducir el incumplimiento es la focalización fiscalizadora en sectores productivos con alta desobediencia legal o inseguridad en las faenas.

Las fiscalizaciones proactivas nacionales se han centrado en el transporte interurbano de pasajeros, el comercio con ocasión de los feriados irrenunciables, la actividad agrícola de temporada, la construcción y la llamada informalidad laboral. El mismo tipo de controles se han aplicado regionalmente en áreas como la forestal, minera, salmonicultura, portuaria y trabajadores extranjeros.

La intensificación de estos programas redundó en un aumento de 27.155 a 37.757 fiscalizaciones en los dos últimos años (13%), acrecentando el número de trabajadores favorecidos de 476 mil a 601 mil (26%).

En el ámbito de los derechos fundamentales, intrínsecos a la dignidad humana y protegidos constitucionalmente, este año la DT efectuó 3 mil actuaciones de defensa ante denuncias de los trabajadores.

Incentivo al cumplimiento de los empleadores
La estrategia institucional combina la sanción con estímulos a los empleadores que están dispuestos a enmendar su conducta infractora.

Por eso se crearon los programas "Sistema de Apoyo al Cumplimiento" (SAC) y "Recurso Administrativo Simplificado" (RAS).

En el SAC se orienta vía Internet o telefónica a los empleadores sobre cómo remediar faltas que ellos mismos han informado, evitando de paso el pago de multas. A noviembre de este año 221 empresas han hecho uso de esta opción y el 99,5% de ellas había corregido totalmente sus infracciones.

En el RAS el empleador detectado en infracción puede reconocerla y enmendarla en un plazo de 10 días, con lo cual rebaja la multa al mínimo legal. A noviembre pasado 1.679 empleadores se habían plegado al programa y el 72% de ellos había superado la infracción.

Este fomento al buen comportamiento empleador adquiere otras fórmulas con las mesas de trabajo y el programa de Buenas Prácticas Laborales (BPL).

En las primeras, en los últimos dos años han participado 2.503 empresas y sobre el 93% de ellas han subsanado sus faltas.

En las BPL -un programa en el que la DT audita durante un año a las empresas Mipymes inscritas y las asesora para corregir infracciones y mejorar el clima laboral- 282 empresas han sido acreditadas a partir de 2011.

Finalmente, funcionan 24 Consejos Tripartitos Regionales de Usuarios (CTRU), en los cuales, al alero de la DT, empleadores, trabajadores, dirigentes sociales y académicos discuten temas locales relevantes y les buscan solución.

Durante el año 2013 el objetivo es hacer funcionar más consejos tripartitos, pues para María Cecilia Sánchez se trata de "instancias donde nosotros podemos saber cuáles son los sectores donde debemos fiscalizar y también que tipo de cambios legales desean los sectores sociales".

A su modo de ver, el diálogo social es la mejor receta para el progreso equilibrado del país: "Conversando se pueden arreglar mucho mejor las cosas y con estos consejos regionales vamos buscando la amalgama perfecta entre empleadores, trabajadores y Gobierno, porque no hay nada peor que una norma que no esté validada por los actores sociales".

Otras actuaciones a favor de los trabajadores
Otra forma de procurar arreglos entre empleadores y trabajadores son las mediaciones. Estas subieron en el 30% entre 2011 y 2012, sumando 1.698 este año.

Asimismo, este año crecieron en el 5% las conciliaciones, a través de las cuales los trabajadores ya afuera de sus empresas reclaman el pago de beneficios adeudados. Las casi 167 mil conciliaciones de este año permitieron recuperar casi 33 mil millones de pesos a favor de los trabajadores reclamantes, monto superior en el 15% al de 2011.

Atenciones vía web y call center
Para facilitar la atención de sus usuarios, la DT ha afianzado varios servicios en su sitio web y en su centro de atención telefónica.

La buena receptividad a estas modalidades se refleja en que este año el 78,9% de los certificados fueron pedidos vía web (884 mil solicitudes), porcentaje superior en el 80% a las peticiones del año pasado.

Asimismo, durante este año se han respondido 34 mil consultas vía correo electrónico en un plazo máximo de 9 días hábiles.

Finalmente, crecieron en el 7,6% las consultas telefónicas, sumando este año 355 mil.