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14/04/2016

Dirección del Trabajo aplicó multas en 35% de fiscalizaciones a empresas de alimentación escolar

Información fue entregada por el director del Trabajo, Christian Melis, a la Cámara de Diputados.

El funcionamiento de las empresas que proporcionan la alimentación a los colegios a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) es investigada por una comisión especial de la Cámara de Diputados.

La indagación fue abierta luego de la recepción de denuncias al respecto en esa instancia del Poder Legislativo.

El director del Trabajo, Christian Melis, concurrió a la comisión para informar sobre las fiscalizaciones que su institución ha realizado en estas empresas con el fin de detectar el nivel de incumplimiento a los derechos laborales, previsionales y de higiene y seguridad de las manipuladoras de alimentos.

En el informe se detalló la realización de 527 fiscalizaciones practicadas a los Programas de Alimentación Escolar (PAE) en empresas de todo el país.

Las materias principalmente pesquisadas fueron los contratos de trabajo, informalidad laboral, remuneraciones y jornada.

"No contar con libro de asistencia, no pago de asignaciones familiares, ropa de trabajo pagada con dinero de las trabajadoras y problemas en las condiciones de seguridad", fueron algunas de las irregularidades detectadas, que alcanzaron al 35% de las fiscalizaciones.

La situación salarial y de estabilidad laboral de las 40 mil trabajadoras de este sector pasó a ser preocupación especial del Estado desde la promulgación de una ley ad hoc en octubre de 2014.

Aunque su labor consiste en preparar alimentos distribuidos en jardines infantiles y establecimientos escolares, estas trabajadoras son contratadas por empresas privadas que postulan en licitaciones públicas para brindar tal servicio.

Por eso los cambios apuntaron a cambiar los requisitos para favorecer a aquellas firmas que ofrezcan mejores condiciones laborales a contar de las licitaciones de marzo del 2015 del Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos.

La Dirección del Trabajo mantiene "una vigilancia creciente sobre este sector", que se ha traducido en al menos tres grandes programas fiscalizadores. Los dos primeros efectuados en 2013 y 2014 y ahora el que acaba de ser informado a la Cámara.