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Empresas con deudas previsionales o laborales no podrán prestar servicios al Estado

Así lo establece una moción de los diputados Pedro Muñoz, Edgardo Riveros, Adriana Muñoz y Rodolfo Seguel, que fue despachada por la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. También quedarán excluidas las que hayan sido sancionadas por infracciones a la legislación laboral en los cinco años anteriores.

15/07/2005

El texto, que cumple su primer trámite constitucional, modifica la normativa general vigente en materia de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, para exigir a quienes contraten con el Fisco, el pleno cumplimiento de la legislación impositiva, social y laboral vigente, con el fin de proteger más eficazmente los derechos de los trabajadores.

La moción modifica la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Excluidos quienes tengan deudas

La moción dice que quedarán excluidos de contratar con al Administración del Estado, quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, registren deudas tributarias, previsionales o sociales pendientes, cualquiera sea su cuantía.

También quedarán excluidos quienes hayan sido sancionados por infracciones a la legislación laboral en los cinco años anteriores.

En el caso de la prestación de servicios habituales, que deban proveerse a través de licitaciones o contrataciones periódicas, deberán establecerse, además, requisitos tendientes a asegurar a los trabajadores de los prestadores mejores condiciones laborales y salariales que las del contrato vigente.

Tratándose de la prestación de servicios, la garantía para asegurar la seriedad de la oferta deberá asegurar también el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes y permanecerán vigentes hasta 60 días hábiles después de recepcionadas las obras o culminados los contratos.

El texto, que quedó en condición de verse en la Sala, será informado por la diputada Adriana Muñoz.

Origen del proyecto

El diputado Pedro Muñoz explicó que el proyecto fue presentado a consecuencia de la huelga que realizaron en Magallanes los empleados de una naviera, con el objeto de conseguir un mejoramiento en sus condiciones laborales.

Transcurridos unos días, el movimiento terminó sin los resultados esperados y uno de los aspectos que más decepción provocó, fue que la empresa es contratista del fisco en servicios de transporte, dijo el parlamentario.

Dicha situación lo motivó a presentar un proyecto que exige a los organismos de la administración pública que llamen a licitaciones para la prestación de servicios periódicos, contemplar en las bases del concurso requisitos que aseguren a los trabajadores mayores beneficios que en el contrato anterior.

El parlamentario destacó la importancia práctica del proyecto, que beneficiaría a los trabajadores de servicios, como alimentación escolar, aseo, parquímetros, transporte y muchos otros que son licitados por entidades públicas, sean éstas ministerios o municipios.

"Queremos evitar - recalcó - que las empresas mejoren las posibilidades de sus propuestas manteniendo inalterables, o incluso reduciendo, las remuneraciones y beneficios de sus trabajadores y, por el contrario, favorecer a quienes sí ofrezcan mejoramientos en las condiciones laborales", concluyó el diputado Pedro Muñoz.

(Fuente: Diario de la Cámara de Diputados / 11 de Julio de 2005)