07/01/2008
Temas sanitarios, de previsión social, promoción de buenas prácticas laborales y criterios más transparentes de fiscalización, son parte de las materias que aborda el Estatuto Mipyme enviado al Congreso Nacional.
Un proyecto de ley que contempla normas generales y especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas, regulando la actividad empresarial y permitiéndoles a éstas igualdad de condiciones al momento de participar en los mercados, acaba de enviar el Gobierno al Congreso Nacional para su tramitación.
El Estatuto Mipyme, como se ha denominado el proyecto, cumple una etapa más del Plan Chile Emprende, compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet formulado en mayo del año pasado. La iniciativa contempla, entre otros temas, el inicio y término de empresas, fiscalización y promoción de buenas prácticas laborales, sanitarios, ambientales y de previsión social.
Durante la ceremonia de firma del proyecto, el Ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, destacó que la nueva normativa se hace "cargo de la regulación, el modo en que el Estado se relaciona con la micro, pequeña y mediana empresa y, sobre ese punto, hay un conjunto muy nutrido de disposiciones que van en la dirección de 'emparejar la cancha' ".
En términos generales, el estatuto facilita la puesta en marcha del negocio, ampliando las facultades para otorgar permisos provisorios, incluyendo los sanitarios. Esto evitaría incurrir en gastos que no son estrictamente necesarios al inicio y, además, los municipios podrán otorgar facilidades de pago o eximir el pago de estas patentes provisorias a empresas que las solicitan por primera vez.
En el ámbito de la fiscalización se propone transparentar los criterios utilizados por los fiscalizadores cuando determinan si la unidad fiscalizada es susceptible de ser multada y el monto de ésta. Ello contribuye a difundir las normas legales y reduce una eventual discrecionalidad en la práctica de la fiscalización. Asimismo, en materia sanitaria incorpora una disposición de autodenuncia voluntaria de incumplimiento sanitario, de manera tal que incentive a las empresas a solicitar asistencia en el cumplimiento de alguna norma.
En cuanto a la aplicación de multas y sanciones en materia laboral, se propone disminuir los montos de las multas cursadas a las empresas de menor tamaño, de 1 a 20 UTM a 1 a 10 UTM. También, se fortalece la posibilidad de que las mipymes, una vez que han corregido la causal de sanción dentro de un plazo determinado, puedan sustituir la multa por capacitación (sistema que ya realiza la Dirección del Trabajo) o por programas de asistencia.
Para dar cobertura en materia de seguridad y previsión social a los empleadores y/o dueños de empresas pequeñas (en su gran mayoría sujetos al mismo tipo de riesgos laborales que sus trabajadores), se plantean medidas que les permitan acceder voluntariamente al seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Finalmente, otro de los temas que aborda el Estatuto Mipyme es la habilitación de un marco regulatorio para incentivar a estas empresas a suscribir acuerdos de producción limpia (APL), con lo que mejorarían su competitividad. Estos acuerdos dicen relación con normas sanitarias, medio ambientales, de eficiencia energética, entre otras, y persiguen la incorporación al proceso productivo de técnicas eficientes y eficaces de utilización y manejo de recursos, manteniendo el cuidado del medio ambiente, lo que se traduce en mejoras de productividad para las empresas.