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Prensa

Senador Ruiz di Giorgio respalda labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo

El parlamentario demócratacristiano señaló que "debemos recordar que las leyes de la República deben cumplirse y los organismos públicos encargados de supervigilar su cumplimiento no sólo están facultados para fiscalizar, sino que están obligados a hacerlo".

14/07/2004

En relación con las actividades de fiscalización que realizara la Inspección del Trabajo durante la venta nocturna realizada en la Galería Gran Palace de Punta Arenas hace algunas semanas y ante lo que calificó como "desafortunadas declaraciones de algunas autoridades políticas y legislativas sobre el asunto", el senador José Ruiz de Giorgio expresó su "más pleno respaldo a la labor que ejerce la Dirección del Trabajo a lo largo del país y, particularmente, en Magallanes".

El senador demócratacristiano señaló que "debemos recordar que las leyes de la República deben cumplirse y los organismos públicos encargados de supervigilar su cumplimiento no sólo están facultados para fiscalizar, sino que están obligados a hacerlo". Añadiendo que "por ello, no me parece que sea una falta de criterio ejercer una labor fiscalizadora en aquellas situaciones en las cuales se sospecha que pueda producirse una violación de la ley". El parlamentario magallánico destacó que "fruto de la acción de la Inspección del Trabajo fue posible detectar el incumplimiento de la legislación laboral en una buena parte de los locales fiscalizados, lo que demuestra la pertinencia de la actividad de este servicio público". Agregó Ruiz que "no es posible sostener que la oportunidad para fiscalizar deba ser determinada según la conveniencia de quien es fiscalizado. Eso es erróneo".

Para el senador magallánico "sí es una falta de criterio que quienes cumplen la función legislativa, quienes discuten y aprueban la leyes en el Congreso Nacional estén criticando a la autoridad por aplicarla". En esa misma línea, recordó que "precisamente uno de los temas relevantes de las reformas laborales del año 2001 fue dotar a la Dirección del Trabajo de una mayor capacidad fiscalizadora, para hacer frente a la frecuente violación de derechos que sufren los trabajadores de nuestro país".

Finalmente señaló que "nadie puede cuestionar la capacidad creativa o de innovación de los comerciantes al organizar sus actividades, pero al hacerlo deben respetar la ley, pues ningún chileno está por sobre ella", puntualizando que "cuando los comerciantes organizan este tipo de actividades lo hacen con un objetivo muy preciso, cual es aumentar sus ventas. Su actividad tiene un fin de lucro, y ese lucro no puede ser a costa de los derechos laborales".